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La Generalitat publica el decreto ley que permite gestionar 13,5 millones del IRPF para fines sociales

12/09/2017

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado el decreto ley por el cual se modifica la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2017, con el objetivo de gestionar los 13,5 millones del Impuesto sobre la Renta para las Personas Físicas (IRPF) para fines sociales que el Estado ha asignado a la Comunitat Valenciana, para desarrollo y programas de interés general por parte de entidades del tercer sector.

Este decreto de modificación responde al nuevo reparto de fondos forzado por la sentencia del 19 de enero del Tribunal Constitucional, que falló a favor de que el Gobierno central transfiera a las comunidades autónomas la recaudación del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales.

En la resolución del Alto Tribunal se advierte de que, para la plena realización de las competencias que deben desarrollar las comunidades autónomas, se "evite la persistencia de situaciones anómalas en las que sigan siendo ejercitadas por el Estado competencias que no le corresponden".

El secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, ha explicado que este decreto permite aplicar el acuerdo "transitorio y excepcional" al que llegaron las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el cual tardó más de 4 meses en convocar a las autonomías para acordar un nuevo sistema de reparto.

Desde el Gobierno valenciano, ha explicado Ibáñez, "se ha trabajado para que las entidades que desarrollan programas dirigidos a la población más vulnerable no padezcan el retraso del Gobierno central en dar respuesta a la nueva situación de reparto" y puedan cobrar por adelantado el 100% de las ayudas para evitar "un gran perjuicio a la ejecución de los referidos programas, que no recibirían la financiación que necesitan".

Ibáñez ha recordado que, el pasado mes de junio, las comunidades autónomas y el Ministerio llegaron a un acuerdo para el reparto de los fondos del 0,7% del IRPF para fines sociales, que suponía mantener el mismo régimen de gestión de fondos que hacia el Estado, con el objetivo de que sus acciones, dirigidas a la población más vulnerable, no se vean afectadas, y por el que las autonomías gestionarán el 80% y el Gobierno central el 20%.

Estas subvenciones tienen por objeto la realización de programas de interés general para atender fines de interés social, con cargo a la asignación del IRPF; en concreto, estas ayudas, ha precisado el secretario autonómico de Inclusión, van destinadas a cubrir las necesidades especificas de asistencia social dirigidas a las personas en situación de pobreza y exclusión social o en situación de especial vulnerabilidad.

Para el presente ejercicio, a la Comunitat Valenciana le corresponden 13,5 millones de euros, que se destinan a financiar programas de interés general para atender fines de interés social desarrollados por entidades del tercer sector de Acción Social que están realizando las actuaciones con poblaciones vulnerables.

Cabe recordar que el secretario autonómico se reunió con las entidades para consensuar los criterios del reparto tras el acuerdo "transitorio y excepcional" que alcanzaron las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Igualmente, Ibáñez informó a las entidades del calendario fijado para trabajar un modelo nuevo de reparto de los fondos del 0,7% del IRPF, "dado que el actual se basa en el realizado en 2016". Un nuevo modelo que, según ha precisado Ibáñez, debe estar basado en criterios "objetivos y territorializados", para que, a partir de 2018, "se realice una distribución justa y responda a las necesidades de cada territorio".

Asimismo, el secretario autonómico ha aclarado que la Comunitat Valenciana apoyó la propuesta "transitoria" para 2017, "para dar una respuesta al tercer sector y por el bien de las personas beneficiarias y por lealtad institucional ".

Ibáñez considera que no es "justo" que las entidades del tercer sector puedan verse perjudicadas, si no se llega a resolver y pagar esta convocatoria de 2017, "por un conflicto de competencias entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas y la tardanza en establecer una solución tras esta sentencia del Tribunal Constitucional por parte del Ministerio".