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Planes de Contingencia VCIPI

La crisis del coronavirus ha trastocado la forma de convivir y de trabajar. Por ello en el ámbito de la Generalitat, desde el comienzo de la pandemia se han adoptado una seria de medidas de contención extraordinarias de aplicación en los centros de trabajo mediante las distintas Resoluciones que han permitido proteger la salud y seguridad del personal y de personas que requerían servicios de la Conselleria como asegurar el funcionamiento de los servicios públicos con las limitaciones jurídicas establecidas en los sucesivos Reales Decretos en cuanto a plazos y trámites.

Lo cierto es que según los datos de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) y con su colaboración, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha logrado operar con trabajo no presencial amplísimo que se ha completado con el personal que ha seguido trabajando presencialmente, asegurando ambos colectivos el funcionamiento de la administración durante las fases más complicadas de la pandemia.

Ahora nos encontramos con el principio de la remisión de la pandemia primero con el desconfinamiento y más tarde, sin saber las fechas exactas, la entrada en una fase de normalización de la vida, social, económica, productiva y administrativa requiere planificar varios escenarios con horizontes todavía de elevada incertidumbre. Desde ese punto de vista, los principios generales recogidos están establecidos en un orden concreto y no casual que son los que van a regir en esta conselleria, coherentemente con la Resolución de la Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de 8 de mayo de 2020 por la que se establece el procedimiento y las medidas organizativas para la recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en la prestación de los servicios públicos en el ámbito de la Administración de la Generalitat, como consecuencia del COVID-19. Así lo principal en el entorno de incertidumbre actual es proteger la salud y seguridad en el trabajo de todo el personal empleado público y los usuarios y en segundo lugar pero al mismo nivel la salud y vida de las personas más vulnerables frente al COVID-19. En tercer lugar dadas las condiciones de cierre de actividad docente y las medidas de seguridad obligatorias de protección de las personas mayores, las más vulnerables de esta pandemia, está obligando a miles de funcionarios a dedicar buena parte de su actividad diaria a la atención de menores o mayores, por lo que este plan está pensando también para favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar que, en estas circunstancias se hace más que nunca necesario, tanto por razones de cuidado a terceros como del propio cuidado del personal que tiene a su cargo dichas personas, a los que se les genera un sobre estrés que también hay que atender.

Obviamente la actividad de la administración es un requisito necesario puesto que su continuidad, no sólo es una obligación por su propia existencia, sino que su adecuado funcionamiento va a ayudar a resolver situaciones de vulnerabilidad y rebajar el impacto negativo en la vida social, económica y productiva en miles de personas a las que hay que atender. Por ello, el cuarto principio es garantizar la continuidad y la eficacia en la prestación de los servicios públicos.

Finalmente, estos planes tienen como quinto principio favorecer y promover la flexibilización de la jornada de trabajo lo que supone establecer con claridad la presencia en los centros de trabajo en jornada completa, por turnos alternos diarios, por horas o por cualquier otros procedimientos de reparto y mantener el trabajo no presencial domiciliario bien con acceso informático o mediante otros procedimientos siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS) que pedía en abril promover medidas como el teletrabajo, el escalonamiento de turnos y cualesquiera otras que reduzcan los contactos personales, dejando los protocolos de reincorporación presencial para más adelante, al menos hasta la última fase de desescalada.

Como criterio general la aplicación de la Resolución de la Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de 8 de mayo de 2020 en la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tiene un carácter de continuidad de las resoluciones aprobadas hasta el momento aunque queda abierta en la medida en que las incertidumbres se conviertan en certidumbres podamos ir modificando las condiciones de incorporación al trabajo presencial.

En cuanto a las medidas contempladas, éstas son tanto de carácter logístico como organizativo. La propagación del COVID19 puede prevenirse, o reducirse, tomando algunas medidas concretas tanto en la organización del trabajo como en los lugares de trabajo (en especial despachos y oficinas). Planes ordenados de horarios flexibles, turnos de trabajo, teletrabajo y trabajo virtual, semana laboral comprimida o previsibilidad del horario de trabajo son algunas de las opciones para estructurar la nueva normalidad que discurrirá por escenarios variables y con no pocas incertidumbres. Esto no impide que deba garantizarse que el desempeño de la actividad administrativa tanto presente como futura se realice con las debidas garantías en materia de seguridad y salud.

Todas las medidas contempladas persiguen una protección real de la salud de las empleadas y empleados públicos en los distintos lugares de trabajo y en sus desplazamientos si bien el escenario más probable a corto plazo es que la transmisión del virus no pueda ser totalmente eliminada dada su elevada transmisibilidad y la poca población inmunizada, por lo que resulta necesaria la adopción de una serie de medidas organizativas y preventivas extraordinarias y transitorias que permitan no precipitar el regreso a la actividad presencial y establecer las pautas para el regreso gradual en los casos imprescindibles.

En la elaboración de los Planes se ha seguido las recomendaciones contenidas en la Guía Técnica de 4 de mayo de 2020 elaborada por el INVASSAT, han participado los Comités de Seguridad y Salud y ha sido negociado con las organizaciones sindicales más representativas.