Conceptos básicos y normativa

Terminología

En el ámbito jurídico y administrativo el término menores de reforma se refiere al colectivo de niños y adolescentes a los que se les aplica una legislación especializada en materia de responsabilidad penal, por haber cometido un hecho tipificado como delito o falta en las leyes cuando todavía no han cumplido los 18 años de edad.

Asimismo es frecuente la utilización de otras expresiones para designar al mismo colectivo, como menores de reeducación o menores infractores.

El cualquier caso todos estos términos se refieren a supuestos en los que no se aplica el Derecho penal de adultos, sino unas normas jurídicas con unas características propias y diferenciadas que integran lo que puede denominarse Derecho penal de los menores de edad o Derecho penal juvenil.

Normativa

La vigente legislación española en materia de justicia de menores la integran las siguientes normas:

  • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (BOE núm.11, de 13 de enero de 2000). Modificada por:
    • Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en relación con los delitos de terrorismo (BOE núm. 307, de 23 de diciembre de 2000).
    • Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 307, de 23 de diciembre de 2000).
    • Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 283, de 26 de noviembre de 2003).
    • Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (BOE núm. 290, de 5 de diciembre de 2006).
  • Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio (BOE núm. 209, de 30 de agosto de 2004).

La Ley Orgánica 5/2000: aspectos generales

En España el Derecho penal de los menores de edad se configura en torno a la citada Ley Orgánica 5/2000, norma que regula conjuntamente aspectos sustantivos y procesales en el enjuiciamiento de menores, si bien en dicho texto legal, de forma expresa o implícita, son constantes las referencias al Código Penal, a las leyes penales especiales y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, normas que tienen el carácter de supletorias conforme a lo dispuesto en la Disposición Final Primera de dicha Ley Orgánica.

Según se expresa en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/2000, la redacción de la misma ha sido conscientemente guiada por los siguientes principios generales:

  • Naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa del procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores de edad.
  • Reconocimiento expreso de todas las garantías que se derivan del respeto de los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del interés del menor.
  • Diferenciación de diversos tramos a efectos procesales y sancionadores en la categoría de infractores menores de edad.
  • Flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las circunstancias del caso concreto.
  • Competencia de las entidades autonómicas relacionadas con la reforma y protección de menores para la ejecución de las medidas impuestas en la sentencia y control judicial de esta ejecución

Ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000

La Ley Orgánica 5/2000 se aplica para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18, por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.

La Ley Orgánica 5/2000 expresa que, cuando el autor de los hechos delictivos sea menor de 14 años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la misma, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. En estos casos el Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

En el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica para el grupo comprendido entre los mayores de 14 y menores de 18 años se distinguen dos tramos, de 14 a 16 y de 17 a 18, por presentar ambos tramos, según se expresa en la Exposición de Motivos, diferentes características que requieren, desde un punto de vista científico y jurídico, un tratamiento diferenciado, constituyendo una agravación específica en el tramo de los mayores de 16 la comisión de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidación o peligro para las personas.

Las referencias a las edades se han entender siempre referidas al momento de la comisión de los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas antes del comienzo del procedimiento o durante la tramitación del mismo tenga incidencia alguna sobre la competencia atribuida a los jueces y fiscales de menores.

La Ley Orgánica 5/2000 señala que cuando el menor a quien se le hubiere impuesto una medida de las establecidas en la misma alcanza la mayoría de edad, continuará el cumplimiento de la medida hasta alcanzar los objetivos propuestos en la sentencia en que se le impuso conforme a los criterios expresados en la propia norma.

Competencia de los Jueces de Menores

Los Jueces de Menores son competentes para conocer de los hechos cometidos por las personas a las que se les aplica la Ley Orgánica 5/2000, así como para hacer ejecutar sus sentencias, sin perjuicio de las facultades de ejecución atribuidas por dicha Ley a las Comunidades Autónomas.

Los Jueces de Menores son asimismo competentes para resolver sobre las responsabilidades civiles derivadas de los hechos cometidos por las personas a las que resulta aplicable la Ley Orgánica 5/2000.

La competencia territorial corresponde al Juez de Menores del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.3 de la propia Ley (cuando los delitos atribuidos al menor expedientado se hubieran cometido en diferentes territorios, el enjuiciamiento se realizará teniendo en cuenta el lugar del domicilio del menor).

Competencia de los Fiscales de Menores

Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes, así como la vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su interés y la observancia de las garantías del procedimiento, para lo cual dirigirá personalmente la investigación de los hechos y ordenará que la policía judicial practique las actuaciones necesarias para la comprobación de aquéllos y de la participación del menor en los mismos, impulsando el procedimiento.


En concreto, el artículo 23 de la Ley Orgánica 5/2000 expresa que la actuación instructora del Ministerio Fiscal tendrá como objeto, tanto valorar la participación del menor en los hechos para expresarle el reproche que merece su conducta, como proponer las concretas medidas de contenido educativo y sancionador adecuadas a las circunstancias del hecho y de su autor y, sobre todo, al interés del propio menor valorado en la causa.

Competencia de las Comunidades Autónomas

La ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores en sus sentencias firmes es competencia de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla (normalmente a través de las Consejerías de Bienestar Social). Dichas entidades públicas llevarán a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas de organización, la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgánica 5/2000.

La ejecución de las medidas corresponderá a la Comunidad Autónoma donde esté ubicado el Juzgado de Menores que haya dictado la sentencia, sin perjuicio de las excepciones que prevé la propia Ley.

En la ejecución de las medidas la Ley permite la participación de entidades locales y entidades privadas sin ánimo de lucro mediante la formalización de convenios o acuerdos de colaboración, si bien bajo la directa supervisión de la Comunidad Autónoma, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución.

Las medidas en la Ley Orgánica 5/2000: aspectos generales

Con arreglo a los principios que presiden la legislación penal de menores, la Ley Orgánica 5/2000 establece un amplio catálogo de medidas aplicables desde la referida perspectiva sancionadora-educativa, primando el interés del menor en la flexible adopción judicial de la medida más idónea, dadas las características del caso concreto y de la evolución personal del sancionado durante la ejecución de la medida.

Las medidas que se imponen a los menores al amparo de la citada Ley y que corresponde ejecutar a las Comunidades Autónomas, pueden agruparse a efectos de su estudio en dos grupos, medidas de internamiento y medidas de medio abierto.