Los servicios sociales municipales

Aspectos competenciales

 

La Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, establece una intervención a nivel primario de atención básica, que desarrollan las entidades locales, a través de los equipos municipales de servicios sociales.

Los Servicios Sociales Generales constituyen la estructura básica del sistema público de servicios sociales, mediante la prestación de una atención integrada y polivalente dirigida a toda la población, articulada a través de actuaciones preventivas, asistenciales y rehabilitadoras, a nivel primario, con carácter universal y gratuito.

Corresponde pues, a los Servicios Sociales Generales, la programación, implantación y gestión de la intervención generalizada de atención primaria.

Los Servicios Sociales Generales, de carácter multidisciplinar y polivalente, cubren no sólo el sector del menor, sino también todas las áreas de la acción social (tercera edad, discapacitados, etc.).

Centrándonos en el ámbito de la infancia, el Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, establece que las entidades locales, en el marco de las competencias atribuidas por la legislación de acción social y de protección de menores y por las normas reguladoras del régimen local, serán competentes para ejercer las siguientes funciones en materia de protección social de menores:

1.- Prevención de situaciones de desprotección social y desarraigo familiar. 

2.- Información, orientación y asesoramiento a los menores y a las familias. 

3.- Apreciación, intervención y aplicación de las medidas oportunas en situaciones de riesgo. 

4.- Intervención familiar. 

5.- Detección y diagnóstico de situaciones de desamparo y propuesta de medidas protectoras al órgano autonómico. 

6.- Seguimiento de las medidas de protección adoptadas por el órgano autonómico. 

7.- Participación en los programas de acogimiento familiar y adopción de menores, en las fases de información, captación y formación de familias, así como en los seguimientos de acogimientos y adopciones. 

8.- Diseño, implantación y evaluación de programas de reinserción social. 

9.- Otras intervenciones en materia de protección social de menores que les sean atribuidas por ésta o por otras normas.

 

Especial referencia a la intervención de los servicios sociales municipales ante situaciones de riesgo

 

Con carácter general, en las situaciones de riesgo la actuación de los servicios sociales municipales se dirigirá a procurar la atención de las necesidades del menor, mejorando su medio familiar, y específicamente, y dentro de la voluntaria colaboración de los padres o tutores del menor, estará orientada a conseguir:

- La integración y el mantenimiento del menor en su entorno familiar. 

- La disminución de los factores de dificultad social que incidan en la situación personal y social de los menores. 

- La promoción de los factores de protección social de los menores con su familia. 

- La prevención de situaciones de desarraigo familiar.

Las situaciones de riesgo se atenderán mediante las medidas de apoyo familiar que se describen más adelante.

Apreciada la situación de riesgo y establecido el programa de intervención, los padres o tutores deberán colaborar activamente en la ejecución de las medidas de apoyo acordadas, pudiendo ser plasmada dicha colaboración en documento administrativo. El agravamiento o persistencia de la situación de riesgo por la negativa o por la manifiesta falta de colaboración de los padres o tutores, podrá dar lugar a la declaración de desamparo del menor.

Se considera situación de riesgo para el menor, aquella que, por circunstancias personales, interpersonales o del entorno, ocasiona un perjuicio para el desarrollo y/o bienestar personal o social del mismo sin que sea necesaria la asunción de la tutela por ministerio de la ley para adoptar las medidas encaminadas a su corrección.

En las situaciones de riesgo, el perjuicio que afecta al menor no alcanza la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar, por lo que la intervención de la Administración se limita a intentar eliminar, dentro de la institución familiar, los factores de riesgo.

Según el Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, son situaciones de riesgo las siguientes:

1.- La negligencia en la atención física, psíquica o educativa del menor por parte de sus padres, tutores o guardadores siempre y cuando las omisiones en el cuidado de aquél sean esporádicas y leves. 

2.- La utilización del abuso físico o emocional, siempre y cuando no se produzcan episodios graves de maltrato y/o no haya un patrón crónico de violencia en la dinámica relacional familiar.

3.- Aquellas potencialmente perjudiciales para el desarrollo físico, psíquico y emocional en las que el menor tiene una satisfactoria y adecuada relación con alguno de los miembros de la familia, o bien una edad y un estatus físico, cognitivo, emocional o temperamental que reduce su vulnerabilidad ante las mismas. 

4.- Aquellas de precariedad, dificultad de afrontamiento de la realidad social, dificultades parentales y relacionales, u otras potencialmente perjudiciales para el menor, en las que se cuenta con el consentimiento y colaboración de los padres, tutores o cuidadores para su superación, pudiéndose abordar las mismas desde los recursos generales disponibles en la comunidad, así como con recursos especializados que se puedan llevar a cabo con la familia sin necesidad de asumir la tutela del menor. 

5.- Cualesquiera otra situación que produzca en el menor un perjuicio en su desarrollo físico o psíquico, pero cuya magnitud se considere inferior al derivado para el mismo si se asumiera la tutela por ministerio de la ley.

 

El apoyo familiar ante situaciones de riesgo

 

El apoyo a la familia es una medida de protección dirigida a cubrir las necesidades básicas del menor y mejorar su entorno familiar, con el objetivo de mantenerlo en dicho entorno en unas condiciones que permitan su desarrollo integral.

Corresponde a las entidades locales el desarrollo y aplicación de los recursos de apoyo a la familia, pudiendo ser éstas de carácter técnico o económico.

Se entiende por medidas de apoyo de carácter técnico, las intervenciones de carácter socio-educativo o terapéutico desarrolladas por profesionales en favor del menor y de su familia, tendentes a la prevención de situaciones de desarraigo familiar. También tienen esta consideración los servicios prestados a la familia por las diferentes instituciones que faciliten el desarrollo de la vida familiar y permitan una mejor atención a los menores.

Se entiende por medidas de apoyo de carácter económico, las prestaciones o ayudas que se facilitan cuando la causa determinante del riesgo para el desarrollo del menor procede de situaciones de carencia o insuficiencia de recursos económicos.

La intervención familiar se podrá acompañar, entre otras, de las siguientes medidas especiales de apoyo:

1.- Programas compensadores de carácter socio-educativo que favorezcan la integración y faciliten el adecuado ejercicio de las funciones parentales, así como una mejora en las relaciones socio-familiares.

2.- Prestaciones económicas, para atender las necesidades básicas de los menores. 

3.- La asistencia acompañada del menor a centros de carácter educativo. 

4.- La intervención de voluntarios en tareas de apoyo al menor y a su familia. 

5.- La ayuda a domicilio. 

6.- La atención diurna en centros destinados a prestar un apoyo preventivo a la inadaptación social de los menores (centros de día). 

7.- Programas formativos de garantía social dirigidos a adolescentes que, abandonando el sistema escolar, requieran una formación profesional que favorezca su incorporación laboral. 

8.- Programas de orientación, mediación y terapia familiar.