Medidas de protección

Medidas de protección

A las Administraciones Públicas, dentro de sus respectivas competencias, les corresponde la adopción de las medidas de protección de menores previstas en la legislación vigente, sin perjuicio de las funciones atribuidas por ésta al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales.

En la Comunidat Valenciana, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat es el órgano competente para aplicar las medidas de protección de menores, si bien determinadas actuaciones corresponde realizarlas a las entidades locales.

Las medidas de protección de menores se encuentra reguladas en las siguientes normas:

- Código Civil. 

- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

- Ley 12/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana. 

- Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, modificado por decreto 28/2009, de 20 de febrero.

Con carácter general, se consideran medidas de protección de menores aquellas actuaciones encaminadas a prevenir o erradicar situaciones de riesgo y desamparo y a garantizar el desarrollo integral del menor.

De forma específica, son medidas de protección de menores las siguientes:

1.- La ayuda o el apoyo familiar en situaciones de riesgo. 

2.- La asunción de la tutela por ministerio de la ley, previa declaración de la situación de desamparo del menor.

3.- La guarda. 

4.- El acogimiento familiar. 

5.- El acogimiento residencial. 

6.- La adopción. 

7.-Cualesquiera otras que redunden en interés del menor, atendidas sus circunstancias personales, familiares y sociales.

Situación de riesgo

Se considera situación de riesgo para el menor, aquella que, por circunstancias personales, interpersonales o del entorno, ocasiona un perjuicio para el desarrollo y/o bienestar personal o social del mismo sin que sea necesaria la asunción de la tutela por ministerio de la ley para adoptar las medidas encaminadas a su corrección.

En las situaciones de riesgo, el perjuicio que afecta al menor no alcanza la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar, por lo que la intervención de la Administración se limita a intentar eliminar, dentro de la institución familiar, los factores de riesgo. 

La apreciación, la intervención y la ejecución de medidas ante situaciones de riesgo, es una competencia municipal. 

Las situaciones de riesgo se resuelven mediante medidas de apoyo familiar.

Apoyo Familiar

El apoyo a la familia es una medida de protección dirigida a cubrir las necesidades básicas del menor y mejorar su entorno familiar, con el objetivo de mantenerlo en dicho entorno en unas condiciones que permitan su desarrollo integral.

Corresponde a las entidades locales el desarrollo y aplicación de los recursos de apoyo a la familia, pudiendo ser éstas de carácter técnico o económico.

Se entiende por medidas de apoyo de carácter técnico, las intervenciones de carácter socio-educativo o terapéutico desarrolladas por profesionales en favor del menor y de su familia, tendentes a la prevención de situaciones de desarraigo familiar. También tienen esta consideración los servicios prestados a la familia por las diferentes instituciones que faciliten el desarrollo de la vida familiar y permitan una mejor atención a los menores.

Se entiende por medidas de apoyo de carácter económico, las prestaciones o ayudas que se facilitan cuando la causa determinante del riesgo para el desarrollo del menor procede de situaciones de carencia o insuficiencia de recursos económicos.

La intervención familiar se podrá acompañar, entre otras, de las siguientes medidas especiales de apoyo:

Programas compensadores de carácter socio-educativo que favorezcan la integración y faciliten el adecuado ejercicio de las funciones parentales, así como una mejora en las relaciones socio-familiares.

- Prestaciones económicas, para atender las necesidades básicas de los menores. 

- La asistencia acompañada del menor a centros de carácter educativo.

- La intervención de voluntarios en tareas de apoyo al menor y a su familia. 

- La ayuda a domicilio. 

- La atención diurna en centros destinados a prestar un apoyo preventivo a la inadaptación social de los menores (centros de día). 

- Programas formativos de garantía social dirigidos a adolescentes que, abandonando el sistema escolar, requieran una formación profesional que favorezca su incorporación laboral. 

- Programas de orientación, mediación y terapia familiar.

Situación de desamparo

Se considera situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

En los supuestos de desamparo, la gravedad de los hechos aconseja la separación del menor del núcleo familiar causante de tal situación. 

El desamparo es declarado por la entidad pública que, en el respectivo territorio, tenga encomendada la protección de menores. En el caso de la Comunidat Valenciana, la competencia es de la Generalitat, a través de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que actúa a través de sus servicios territoriales. 

Las consecuencias jurídicas de la declaración de desamparo son las siguientes: 

- Se asume por Ministerio de la Ley la tutela del menor (tutela automática). 

- Se asume la guarda del menor, la cual se realizará mediante acogimiento residencial o acogimiento familiar.

 

Tutela automática o Tutela por el Ministerio de la Ley

La tutela por ministerio de la ley (llamada también tutela automática o administrativa), es aquella que asume la entidad pública cuando declara el desamparo de un menor en virtud del artículo 172 del Código Civil, sin necesidad de que sea constituida por los órganos judiciales.

Únicamente puede ser asumida por la entidad pública que, en el respectivo territorio, tenga encomendada la protección de menores. En el caso de la Comunidat Valenciana, la Generalitat es la tutora de los menores declarados en desamparo, ejerciendo las funciones de tutor conforme a lo dispuesto en el Código Civil.

Esta tutela tiene una vocación de provisionalidad, manteniéndose en tanto subsistan las causas que determinaron la intervención de la entidad pública. 

Conlleva la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria.

Guarda

La Generalitat asume temporalmente la guarda de un menor como medida de protección, en los supuestos siguientes:

- Cuando asume la tutela por ministerio de la ley, al amparo del artículo 172.1 del Código Civil.

- Cuando los titulares de la patria potestad o tutores así lo soliciten a la Generalitat, justificando no poder atender al menor por circunstancias graves. 

- Cuando el juez así lo disponga en los casos en que legalmente proceda.

Cualquiera que sea la forma en que se haya asumido la guarda, ésta se realizará mediante el acogimiento familiar o el acogimiento residencial. El acogimiento familiar se ejercerá por la persona o personas que determinen las direcciones territoriales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. El acogimiento residencial se ejercerá por el director del centro donde sea acogido el menor.

Acogimiento Familiar

El acogimiento familiar es una medida de protección que adopta la entidad pública competente en materia de protección de menores (Generalitat), como forma de ejercicio de la guarda, mediante la cual se otorga el cuidado de un menor a una persona o núcleo familiar, con la obligación de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral, con el fin de integrarlo en una vida familiar que sustituya o complemente temporalmente a la suya de origen.

El menor en acogimiento familiar puede estar con tutela automática o en situación de guarda instada por los padres (guarda voluntaria).

Atendiendo a su finalidad se clasifica en acogimiento simple, permanente o preadoptivo.

Atendiendo al órgano que lo constituye, según exista o no consentimiento de los padres, se clasifica en acogimiento administrativo, provisional o judicial. 

Atendiendo a la vinculación de la familia acogedora y el menor, se clasifica en acogimiento en familia extensa y acogimiento en familia educadora.

Acogimiento Residencial

El acogimiento residencial es una medida de protección que adopta la entidad pública competente en materia de protección de menores (Generalitat), como forma de ejercicio de la guarda, en virtud de la cual el menor es acogido en un centro donde recibe servicios de alojamiento, manutención, apoyo educativo y atención integral.

El menor en acogimiento residencial puede estar con tutela automática o en situación de guarda instada por los padres (guarda voluntaria). 

En su aplicación deberá procurarse que el menor sea acogido en el centro que, siendo el más adecuado a sus necesidades concretas, se encuentre más próximo a su entorno familiar o social, a fin de que la relación con éste no sufra alteraciones, salvo que el interés del menor exija lo contrario. En cualquier caso la Administración Pública procurará que el menor permanezca en un centro el mínimo tiempo posible. 

Al ingreso del menor, el centro elaborará un programa de intervención individualizado del mismo, en función de sus circunstancias personales y socio-familiares, fijando objetivos a corto, medio y largo plazo.

Adopción

La adopción es una institución jurídica constituida por resolución judicial que produce entre adoptante/s y el menor adoptado un vínculo de filiación, al mismo tiempo que extingue los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia anterior.

La entidad pública competente en materia de protección de menores (Generalitat) es la que propone al órgano judicial la adopción del menor, cuando concurren las circunstancias legales para ello.