Medidas judiciales de medio abierto

Definición

Las medidas de medio abierto son aquellas que no implican el internamiento del menor en centro, si bien éste tiene la obligación de cumplir con el contenido de la medida específica que se le haya impuesto.

Medidas

Las medidas de medio abierto previstas en la Ley Orgánica 5/2000 son las siguientes:

  • Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida deben asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que padezcan. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en la Ley Orgánica 5/2000. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez le aplicará otra medida adecuada a sus circunstancias.
  • Asistencia a un centro de día. Las personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.

    En la asistencia a un centro de día el menor es derivado a un centro plenamente integrado en la comunidad, donde se realizan actividades educativas de apoyo a su competencia social.

    Esta medida sirve para proporcionar a un menor un ambiente estructurado durante buena parte del día, en el que se lleven a cabo actividades socio-educativas que puedan compensar las carencias del ambiente familiar de aquél. Lo característico del centro de día es que en ese lugar es donde toma cuerpo lo esencial del proyecto socio-educativo del menor, si bien éste puede asistir también a otros lugares para hacer uso de otros recursos de ocio o culturales. El sometido a esta medida puede, por lo tanto, continuar residiendo en su hogar, o en el de su familia, o en el establecimiento de acogida.
  • Libertad vigilada. En esta medida se realiza un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a aquélla a superar los factores que determinaron la infracción cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las pautas socio-educativas que señale la entidad pública o el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al efecto y aprobado por el Juez de Menores.

    La persona sometida a la medida también queda obligada a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el Juez, que podrán ser alguna o algunas de las siguientes:
    • Obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el interesado está en el período de la enseñanza básica obligatoria, y acreditar ante el Juez dicha asistencia regular o justificar en su caso las ausencias, cuantas veces fuere requerido para ello.
    • Obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares.
    • Prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos.
    • Prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa.
    • Obligación de residir en un lugar determinado.
    • Obligación de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas.
    • Cualesquiera otras obligaciones que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime convenientes para la reinserción social del sentenciado, siempre que no atenten contra su dignidad como persona.
  • Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La persona sometida a esta medida debe convivir, durante el período de tiempo establecido por el Juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aquélla en su proceso de socialización.
  • Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad. Se buscará relacionar la naturaleza de dichas actividades con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos cometidos por el menor.

    Lo característico de esta medida es que el menor ha de comprender, durante su realización, que la colectividad o determinadas personas han sufrido de modo injustificado unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Se pretende que el sujeto comprenda que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad, y que la prestación de los trabajos que se le exigen es un acto de reparación justo.
  • Realización de tareas socio-educativas. La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social.

    La realización de tareas socio-educativas consiste en que el menor lleve a cabo actividades específicas de contenido educativo que faciliten su reinserción social. Puede ser una medida de carácter autónomo o formar parte de otra más compleja. Empleada de modo autónomo, pretende satisfacer necesidades concretas del menor percibidas como limitadoras de su desarrollo integral. Puede suponer la asistencia y participación del menor a un programa ya existente en la comunidad, o bien a uno creado "ad hoc" por los profesionales encargados de ejecutar la medida.

Competencia para la ejecución de las medidas judiciales de medio abierto

La ejecución de las medidas judiciales de medio abierto corresponde a las Comunidades Autónomas. En la Comunitat Valenciana es la Generalitat, a través de la Conselleria de Bienestar Social (Dirección General del Menor), la competente para ello. Su ejercicio se coordina territorialmente en cada una de las Direcciones Territoriales.

No obstante en la ejecución de las medidas la Ley permite la participación de entidades locales y entidades privadas sin ánimo de lucro, si bien bajo la directa supervisión de la Comunidad Autónoma, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución.

En cualquier caso, el ingreso de un menor en el sistema de reeducación de menores infractores viene determinado siempre por la existencia de una previa resolución judicial del Juez de Menores, imponiendo al menor infractor una medida judicial, ya sea firme o cautelar.

En la Comunitat Valenciana, la ejecución de las medidas de medio abierto se realiza en la actualidad a través de los distintos programas de intervención y reinserción social con menores y jóvenes sujetos a medida judicial de medio abierto, que se implantan por determinadas entidades locales y entidades privadas sin ánimo de lucro que colaboran con la Generalitat.

La colaboración de las entidades locales se plasma mediante la subvención, por parte de la Conselleria de Bienestar Social, de los equipos de profesionales de medio abierto de estas entidades.

Estos equipos están formados por profesionales con titulación superior o media (psicólogos, pedagogos, educadores sociales, diplomados en trabajo social, asistentes sociales, etc.). Su actuación consiste en llevar un seguimiento educativo del menor, así como utilizar toda la red de recursos sociales de atención primaria y comunitarios, sean o no específicos de menores, hasta la finalización de la medida.

En la actualidad, una entidad privada sin ánimo de lucro contratada por la Conselleria de Bienestar Social se ocupa de ejecutar las medidas judiciales en aquellos Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que no disponen de equipos o programas adecuados para ello.

La ejecución de estas medidas se hace efectiva a través de una Instrucción de la Dirección General del Menor que establece un procedimiento de coordinación de actuaciones entre todas las partes intervinientes:

  • La Administración de Justicia, concretamente el Juzgado de Menores, que es quien dicta la resolución.
  • La Generalitat, a través de las Direcciones Territoriales de la Conselleria de Bienestar Social, que son quienes reciben la resolución y se convierten en el interlocutor único y válido con los órganos judiciales.
  • La entidad local o privada sin ánimo de lucro que ejecuta la medida.